Nuevamente los diputados de la bancada TODOS citaron a la titular del Ministerio de Salud, Amelia Flores y al director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, en seguimiento al Acuerdo 36-2020 que de manera arbitraria prohíbe las asambleas de los partidos políticos.
De acuerdo con el diputado Felipe Alejos, la medida fue emitida con la justificación de la pandemia del Covid-19, situación que es falsa debido a que ya no estamos bajo una situación de estado de Calamidad, asimismo, el mismo Ejecutivo, desde hace varias semanas permitió la reapertura de restaurantes y hoteles, que son los recintos donde regularmente se llevan a cabo las actividades de los diferentes partidos.
Alejos considera que la medida obedece a que el partido oficial, Vamos, enfrenta divisiones a lo interno, por lo que el Presidente Alejandro Giammattei está tratando de retrasar los procesos y las acciones de los partidos políticos, que permite la Ley, con el hecho de ganar tiempo para subsanar los problemas a lo interno.
La bancada TODOS lamentó que por segunda vez que excusaron la titular del Ministerio de Salud y el director de la Coprecovid, quienes serán citados nuevamente para el miércoles 11 de noviembre y de no asistir se procederá a solicitar la interpelación a los funcionarios.
Aparte, durante una citación fueron cuestionados Héctor Castillo, Secretario de la SAAS y Giorgio Eugenio Bruni, Secretario Privado de la Presidencia de la República, para que informaran de reuniones que ha tenido el mandatario con magistrados del TSE, sin embargo, ambos funcionarios se limitaron a decir que no tienen información.
Bruni, como Secretario Privado del mandatario, tampoco supo responder si el presidente se reunió con magistrados del TSE, donde se cree que se giraron órdenes para emitir el Acuerdo 36-2020, además, tampoco pudo establecer si el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, ahora prófugo de la justicia, se ha reunido con el mandatario.
Dicho bloque, a través de su fiscal general, presentó una Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la noche del 4 de noviembre, con el objetivo de frenar el acuerdo 360-2020 del TSE.